El pacto de Estado sobre vivienda, una necesidad cada vez más urgente

14/03/2008

(El Mundo)

La vivienda es una de las grandes preocupaciones de los españoles, al mismo nivel –y en alguna ocasión por encima, incluso- que el terrorismo, el paro o la inseguridad ciudadana. Así de contundentes son los datos aportados mensualmente por el barómetro que publica el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

 La actual situación del mercado, caracterizada por los tipos de interés y el endurecimiento de las condiciones crediticias, favorece que, desde hace tiempo ya, algunas voces autorizadas del sector inmobiliario aboguen por una solución de conjunto, algo parecido a un gran pacto de Estado, más allá de las medidas que cada uno de los agentes involucrados sea capaz de poner en marcha.

 “Un acuerdo de ese tipo es lo más importante en este momento. Nosotros ya estamos en ese camino, promoviendo un gran consenso encaminado a garantizar la actividad en al construcción, el mantenimiento del empleo y el acceso de los colectivos más desfavorecidos a un hogar digno. Los principales ayuntamientos han fimado un acuerdo de cesión de suelo para la construcción de estas casas y el siguiente paso será incluir en el acuerdo al Ministerio de Vivienda, que se encargará de las subvenciones e incorporará al mismo a bancos y cajas como entidades responsables de canalizar la financiación”, explica Pedro Castro, Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

 A ese mismo acuerdo, “que pretende ser el germen de un gran pacto”, hace referencia Julio Gil, gerente de la Asociación de Promotores Constructores de España: “Cualquier medida que se tome en materia de vivienda necesita la participación de la Administración central, las comunidades autónomas y los municipios porque todas tienen partes de las competencias”.

 En este ambiente reivindicativo de soluciones globales, no faltan las llamadas de atención al carácter de “derecho constitucional” que tiene la vivienda. Una cuestión tan importante, con millones de españoles endeudados, merece una alianza de todos los estamentos, sin que las comunidades peleen entre sí ni contra el Gobierna, sino que favorezcan que se pueda ofrecer vivienda asequible a la mayoría de los españoles que más lo necesitan”, considera Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae). “Un pacto estatal supone la cooperación en una materia de vital importancia y urgencia para la sociedad española. Sería un compromiso que involucre al Estado y a las autonomías, en base a un acuerdo con todos los agentes institucionales privados implicados. Debería fijarse un plazo de cuatro años para dar un absolución a los problemas más urgentes de disponibilidad de suelo y financiación y habría que evaluar su desarrollo anualmente”, añade Carlos Hernandez-Pezzi, presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.
 Por su parte, y puestos a concretar la iniciativa, Miguel Ángel Muñoz, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, aboga por “establecer unos grupos de trabajo” para emprender iniciativas en todos los terrenos: rehabilitación, compraventa, hipotecas…

 El sector parece coincidir en la necesidad de un gran pacto de Estado sobre vivienda. Las cartas están ahora sobre la mesa del nuevo Ejecutivo que se concrete tras las recientes elecciones.

La CAM prefiere el consenso
La Comunidad de Madrid apuesta por favorecer el consenso en las disputas que surjan entre inquilinos y arrendatario en lugar de acudir a los tribunales.

Para ello, el Gobierno regional ha aprobado la creación de un Consejo Arbitral para el Alquiler, que permitirá a unos y otros resolver sus conflictos ahorrándose así los largos y costosos trámites que suponen embarcarse en un juicio.

Según fuentes oficiales, la medida está destinada a fomentar el alquiler de viviendas, permitiendo a propietarios e inquilinos la posibilidad de someterse a "una institución arbitral voluntariamente y de mutuo acuerdo para resolver sus conflictos y controversias, siempre que se trate de materia de libre disposición de las partes".

El sistema arbitral "permite una solución ágil, rápida y económica a las diferentes interpretaciones, incumplimientos o desacuerdos entre las partes, derivadas de los contratos de arrendamiento de vivienda", Explican.

El Consejo proporcionará, además, "una mayor seguridad jurídica" al mercado del alquiler de casas, haciendo un seguimiento de las actuaciones y facilitando a todas las partes el apoyo que precisen antes, durante y una vez finalizado el procedimiento arbitral.